Entre los proyectos en ejecución que vinculan a los dos lados del Pacífico, y a la región sudamericana con el Asia, pocos son más significativos que el acuerdo regional de pesca para la alta mar austral de ese océano. Originado por Australia, Nueva Zelandia y Chile, y luego de una primera reunión celebrada en Wellington en febrero, está entrando en una fase decisiva. Fue tratado en una reciente visita del ministro de Pesca de Nueva Zelandia, estuvo presente en las conversaciones con Perú a raíz de la asunción de su nuevo gobierno, y espera, ahora, reuniones y definiciones mayores.
Mucho está en juego para la reglamentación de este enorme espacio marítimo, donde hay pesca no regulada ni sujeta a normas de conservación, con grave daño para varias especies y para los países ribereños -incluido singularmente el nuestro-. Ese acuerdo deberá reglamentar el principal recurso pesquero de Chile, el jurel -que representa más de la mitad de su pesca tradicional y es principal insumo del salmón-, que existe dentro de la zona de 200 millas y en alta mar. Su apropiada reglamentación compromete, en buena parte, el destino de la tercera mayor industria de nuestro país.
En vísperas de la próxima preparación de un proyecto de convención y de una nueva reunión en Hobart, en noviembre, resulta urgente reafirmar nuestros entendimientos con los demás copatrocinantes, y es de extrema importancia consolidar una posición común con Perú, Ecuador y Colombia. Con ellos nos une la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), que en su asamblea anual, a fines de agosto, debería definir, necesaria y prioritariamente, este tema. Se requiere que nuestro trabajo y esfuerzos diplomáticos sean redoblados y priorizados, entre otras cosas, para la obtención de importantes coincidencias, que corresponden a intereses y tradiciones compartidos.
La Organización Regional Pesquera para la Alta Mar del Pacífico Austral vendría a llenar un vacío, pues, paralizado el Acuerdo de Galápagos, gestado en la CPPS, se trata de uno de los pocos lugares, de entre todos los mares, en que se presenta esta carencia. Ella deja sin regulación ni control la creciente pesca en la alta mar de especies comunes con las existentes bajo jurisdicción nacional, como el jurel.
Es, por tanto, indispensable que se complete un acuerdo apropiado, y que éste refleje los vitales intereses nacionales en juego. Para esto son muy importantes la labor de nuestras autoridades pesqueras y, muy especialmente, la prioridad y los medios que pueda arbitrar nuestra Cancillería.
